Ana Giselle Rosas

Regula y promueve el financiamiento colectivo en la República de Panamá, estableciendo un marco normativo que garantice la protección de los participantes, promueva la transparencia, fomente la inclusión financiera y asegure la sostenibilidad e integridad del sistema financiero panameño, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley que rige la
Superintendencia de Mercado de Valores.

Impulsa la participación de niñas y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación, a través de la implementación de políticas y programas que fomenten la igualdad de oportunidades, el acceso y la participación de las niñas y mujeres en estos campos, entre otras disposiciones.

Se crea el Programa de Cobertura Nacional para la Detección Precoz de las Enfermedades Renales Crónicas, adscrito al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social

Recibe y tramita las ofertas de becas de personas o entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales para estudiantes y profesionales panameños, y seleccionar, en coordinación con dichas personas o entidades, a los beneficiarios, así como presentar, a nombre del Gobierno nacional, los candidatos más capacitados y a los propios beneficiarios, cuando/itere el caso, que llenen los requisitos exigidos por los oferentes, salvo las becas que deban otorgarse dentro del programa de adiestramientos de servidores públicos como parte de programas decooperación técnica internacional.

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá, los Municipios y las Juntas Comunales y Locales, fomentarán la discusión y el conocimiento general de las expresiones folklóricas nacionales a nivel escolar y comunitario, así como el establecimiento de escuelas de estas disciplinas.

La persona natural o jurídica que introduzca productos alimenticios de orígen vegetal o animal, para el consumo humano, ya sea directo o procesado, para su venta, distribución o comercialización dentro del territorio nacional, sin contar con sus permisos fitosanitarios o zoosanitarios y de inocuidad alimentaria, expedidos por las autoridades competentes, que atente contra la soberanía alimentaria nacional o la producción agropecuaria nacional, será sancionado con pena prisión de seis a ocho años.

Amplía la disposición legal de donación de componentes anatómicos para fines de trasplantes.

Establece una estrategia de gestión para la protección, conservación y manejo sostenible de las tortugas marinas, y fortalece la capacidad normativa, financiera y técnica de las instituciones públicas vinculadas a la protección, conservación, e investigación de las tortugas marinas.

Los partidos políticos y los candidatos electos por la libre postulación que tengan derecho al financiamiento público podrán, temporalmente y mientras se mantenga el Estado de Emergencia, destinar una parte de dicho fondo en la compra de insumo s, medicamentos, equipos, servicios y kits médicos con la finalidad única de que sean utilizados para donarlos, a instituciones públicas de salud o asistencia social o comunitaria, o fundaciones u organizaciones sinfines de lucro (OSFL), para atender las situaciones médicas, sociales, alimentarias o de otro tipo relacionadas con la pandemia COVID-19.

Obliga a todas las empresas que brinden servicios de electricidad a usuarios finales a instalar un vatihorímetro inteligente o medidor inteligente, el cual permitirá que la información del consumo del usuario sea trasmitida mediante una red de telecomunicación hasta un centro de procesamiento de datos de la empresa de servicios eléctricos y los cuales se utilizarán para facturar el consumo de los usuarios.

Establece que el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) a través del Comité Nacional Contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU) con la asesoría de la Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias de la República de Panamá (APARLEXPA) y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), y el Tribunal Electoral y las demás autoridades competentes en la materia, deberán determinar en el marco acciones para garantizar en los planes y programas de violencia contra la mujer e igualdad de oportunidades, entre otras disposiciones.

Establece que quien se apodere o sacrifique una o más cabezas de ganado sin importar la edad o valor del animal, que estén sueltas o incite con este hecho delictivo será sancionado con pena de ocho a doce años de prisión.

Establece que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), garantizarán a los productores nacionales, la compra del excedente de la producción de leche y carne, por el periodo que dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá.

Adiciona la emergencia sanitaria dentro de las expeciones procesales.