¿Qué pasó esta semana en la Asamblea?
Espacio Cívico realizó el proyecto “Construyendo el perfil de la mujer política”
La Fundación Espacio Cívico lideró un conversatorio titulado “Construyendo el perfil de la mujer política”, enmarcado en una publicación que busca identificar la existencia de paridad de género en remuneraciones y cargos administrativos, especialmente en posiciones directivas, dentro de la Asamblea Nacional, acompañado de reflexiones y entrevistas acerca de los desafíos y oportunidades para las mujeres en la política panameña.
Comisión de Presupuesto recomendó elevarles el presupuesto a varias instituciones para el 2024
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá recomendó aumentos en los presupuestos de seis instituciones para el año 2024, algunas de las cuales han sido cuestionadas por presunto mal manejo de fondos, sumando un total de $193.5 millones solicitados en un año electoral. Críticos y observadores expresan preocupación por lo que consideran una maniobra relacionada con el clientelismo y el uso de los fondos.
Asamblea Nacional aprueba en tercer debate la reforma al ‘Código Electoral’
El pasado jueves 12 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 1092 que reforma del artículo 380 del Código Electoral, permitiendo a partidos en alianzas postular un candidato común a diputado por alianza en circuitos plurinominales, con normas específicas para la competición electoral.
Proyecto de ley 1075 sobre la carrera administrativa aprobado en primer debate
El Proyecto de Ley 1075, que establece un procedimiento especial para el ingreso a la carrera administrativa ha sido aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional. La propuesta, que sustituirá a la Ley 9 de 1994, ha sido objeto de discusiones desde finales de 2021 y afectará a cerca de 48 mil funcionarios, según estimaciones gubernamentales.
Aprobada Ley para optimizar procesos de remate de bienes
La iniciativa legislativa 635 que reforma y añade artículos al Código Judicial, ha sido aprobada en tercer debate. La normativa, enfocada en beneficiar tanto a deudores como a agentes económicos en actos de reventas o subasta pública, facilita a entidades bancarias y financieras recuperar saldos adeudados mediante venta forzosa, asegurando una evaluación del valor de mercado de los bienes involucrados.