Rony Araúz

Modifica la ley 339 que declara patrimonio natural nacional y área protegida de reserva hidrológica a la Cuenca del Río Santa María

Deróguese la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre EL ESTADO Y la sociedad MINERA PANAMA, S.A.

La persona natural o jurídica que introduzca productos alimenticios de Origen vegetal o animal, para el consumo humano, ya sea directo o procesado, para su venta, distribución o comercialización dentro del territorio nacional sin contar con sus permisos necesarios, será sancionado con pena prisión de seis a ocho años.

Se establecen las tasas de reducción máxima del impuesto al consumo de combustible y derivados del petróleo previstos en el artículo 1057-G del Código Fiscal, por el término de ciento ochenta (180) días, entre otras disposiciones.

Establece que las funciones de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), serán asumidas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (MINSA).

Crea el corregimiento de Belén, segregado del corregimiento de La Concepción cabecera. distrito de Bugaba y establece sus límites.

Establece mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las redes sociales.

Establece que cuando el hurto se dé por una multiplicidad de personas, rompiendo o dañando las cosas que protegen dichos bienes, sin importar la cuantía, la pena será de seis a doce años.

Establece que quien se apodere o sacrifique una o más cabezas de ganado sin importar la edad o valor del animal, que estén sueltas o incite con este hecho delictivo será sancionado con pena de ocho a doce años de prisión.

El estado garantizará el pago de todas las deudas y compromisos económicos contraídos con los productores agropecuarios en razón de pago de incentivos, subsidios, compensaciones y por la compra de sus productos o cosecha, en un plazo máximo de un mes.

Los partidos políticos y los candidatos electos por la libre postulación que tengan derecho al financiamiento público podrán, temporalmente y mientras se mantenga el Estado de Emergencia, destinar una parte de dicho fondo en la compra de insumo s, medicamentos, equipos, servicios y kits médicos con la finalidad única de que sean utilizados para donarlos, a instituciones públicas de salud o asistencia social o comunitaria, o fundaciones u organizaciones sinfines de lucro (OSFL), para atender las situaciones médicas, sociales, alimentarias o de otro tipo relacionadas con la pandemia COVID-19.

Establece que trabajador que haya sufrido afectaciones por COVID19 Parágrafo tendrá derecho a recibir de manera anticipada hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de las cotizaciones hechas por el empleador a su nombre en concepto de prima de antigüedad.

Establece que, si el policía deberá agotar previamente todos los recursos para aprehender o detener a un presunto delincuente. no obstante, aquel podrá recurrir directamente al empleo del arma de fuego cuando sea inevitable, ante peligro inminente.

Establece las profesiones que podrán ser determinadas como químicos. Asimismo, establece las funciones de los profesionales químicos, entre otras disposiciones.

La instalación de juegos mecánicos deberá ser autorizada por las autoridades competentes. Además, necesitarán un informe de inspección del Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil, informe del Colegio de Ingenieros de Panamá, póliza de seguros vigiten a daños a terceros, entre otros.

Los datos sobre el historial de crédito deberán ser borrados de las bases de datos luego de tres años a partir de su último pago. Luego de este plazo, el dato será excluido del sistema.

Se establece que quien actúe en defensa de su persona, de sus derechos, de sus bienes. o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran, sin distinción de lugar, no está cometiendo un delito.

Las personas jurídicas que cuenten con certificación podrán importar armas de fuego, la DIASP deberá autorizar las importaciones y no podrá suspenderse ni prohibirse la importación de armas de fuego.